De la inclusión a la igualdad: desafíos educativos que abre la década ganada

Por Ezequiel Arauz.                                       (Docente, integrante agrupación Edukadores)

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Calidad educativa con inclusión esa fue la premisa que atravesó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entendemos esa idea fuerza como legado y a la vez, como nítido horizonte para seguir construyendo educación pública, aún para mejorarla.

En esta coyuntura, es importante retomar una mirada a nuestro pasado reciente. El ciclo neoliberal que arrancó con el golpe cívico militar del `76, e instaló la valoración financiera como principal patrón de acumulación, fue achicando y desarticulando paulatinamente el sistema educativo. Desde esa concepción, la escuela, sobre todo la pública y gratuita, carecía de sentido y ya ni siquiera tomaba para sí las tareas impuestas por el liberalismo mitrista. El colegio se asumía como parte de un sistema basado sin más en la “selección” de aquellos que en general, por razones económicas, estaban “aptos” para “ser eficaces”, para permanecer y egresar.

La idea madre de aquella época se sintetiza en una frase corriente que está grabada en el imaginario de todos los docentes de entonces: el “fracaso escolar” (repitencia, trayectorias escolares truncas o plagadas de dificultades, abandono, etc). La escuela técnica, que históricamente había sido el reflejo de un país que, al calor de la sustitución de exportaciones, aspiraba a la industrialización, no tenía una reactualización posible en el modelo neoliberal. Fue una rama severamente castigada y casi desarticulada en búsqueda de su disolución. El menú se completaba con políticas salariales de ajuste.

La educación no era vista como un derecho sino como un bien de consumo, inserta las lógicas del mercado. En ese escenario, proyectos como la escuela “charter” y otros de su tipo que propiciaban el financiamiento privado directo, con la Ley Federal de Educación como sustento.

Cimientos para otro paradigma

Consumada la crisis y el estallido de 2001, fue sin duda alguna la política de desendeudamiento externo encarada a partir de 2003 y la consecuente quita de poder a los organismos internacionales de crédito: el FMI y sus recetas que tuvieron siempre a lo educativo en agenda, lo que permitió empezar a pensar la escuela desde otra perspectiva contando con los fondos necesarios para sostener esas decisiones.

El paso en 2006 al 6% del PBI, fijado por la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), duplicando cifras anteriores, la meta del 100% de escuelas de jornada extendida, la obligatoriedad desde jardín sala de 4 y para todo el ciclo secundario, la ampliación de las políticas de la Educación Sexual Integral, programas de incentivo tecnológico y educativo como Conectar Igualdad (5 millones de netbooks entregadas), Procrear y la Asignación Universal por Hijo, entre otras medidas, sirvieron y sirven para acortar brechas sociales, retomando el rol activo del estado en la senda de la justicia social.

En la última década se construyeron 1900 escuelas nuevas, una cifra desconocida en la historia argentina. De 2003 a 2012 el estado destinó cerca de 200 mil millones de pesos a Educación. Sólo en infraestructura, hubo una inversión de más de $16 mil millones de pesos. En los tres primeros años del gobierno de Néstor Kirchner se construyeron nueve universidades públicas nacionales, con lo cual cada provincia de país tiene al menos una. Se dio forma al Instituto de Formación Docente (que permitió planificar e implementar la formación docente permanente, paga y en servicio).

Desde lo ideológico, el criterio que se instaló como idea fuerza detrás de cada decisión fue el de la “inclusión”, formulado primariamente en cuanto al acceso, como la necesidad de una escuela con “todos adentro”. A partir de entonces no fue posible pensar que la escuela “del futuro” base su éxito en no poder resolver sus falencias sino es expulsando a los pibes que las hacen patentes. Inclusión no es solo que todos puedan acceder, sino garantizar la permanencia y el egreso habiendo experimentado aprendizajes significativos.

Esa definición, esa premisa de perseguir la inclusión fue ganando volumen y permitió que teorías y experiencias que hasta entonces se planteaban como “alternativas” al sistema regular, tales como el debate ante la graduación, la construcción estrictamente piramidal del saber, empezaron a entablar un dialogo distinto entre sí. Proyectos y programas de terminalidad educativa o similares, como Fines, Cesaj, CAJ, Envión y aun los bachilleratos populares, – cada uno desde su particularidad – vienen a intentar saldar deudas recientes y plantear a la vez, un sistema educativo mucho más permeable a construir realidades distintas, con mayor anclaje en la sociedad actual, intentando construir nuevas respuestas.

La calidad conceptual y estética que caracteriza iniciativas culturales y de comunicación como el canal Encuentro, Paka Paka, Tecnópolis, el Museo del Bicentenario y el imponente Centro Cultural Kirchner entre otras obras de esta década (masivas, revisionistas, contrahegemónicas, populares y entretenidas) como herramientas de una disputa por el sentido de un valor central sumadas a los profundos avances en Ciencia y Tecnologías tendientes a ampliar los márgenes de autonomía del país.

En fin, la inclusivo entendido en forma amplia, en un mundo en el que crece el poderío del capital financiero aun sobre los estados nación, es contracultural y como tal, es parte del mejor legado de la etapa política que se abrió en 2003. Desde la crisis de 2001 el cambio fue lo suficientemente significativo como para no dejar de valorarlo. En adelante y sobre esa base construida, se abren posibilidades nuevas, nuevos debates en los que se torna primordial pensar a la escuela como herramienta de construcción del desarrollo autónomo regional.

Debates nuevos

En plena campaña electoral, no faltan voces que aprovechan para reinstalar una falsa dicotomía que opone “inclusión” a “calidad educativa”. Lo vivido en la larga noche neoliberal y lo construido en estos años, claro que perfectible, nos enseña que no puede pensarse la una sin la otra. Que una no debilita a la otra sino lo contrario. No puede hablarse de calidad educativa cuando (algunos de) quienes tienen el derecho a formarse son expulsados del sistema. Suena a frase hecha y no lo es: sin educación para todos, no hay forma de construir sociedades igualitarias.

El error sería entonces desandar el camino en la supuesta (o fingida) búsqueda de una “excelencia histórica” abstracta, imposible; incomprobada. Es imposible hablar de educación inclusiva en proyectos políticos de corte neoliberal o que se propongan detener y obturar los cambios actuados en la última década. La escuela puede dar y asumir batalla, pero de ninguna manera puede reemplazar o enmendar lo que el sistema político, económico y productivo no aborde.

Yendo más allá de los simples slogans, desde las plataformas de los candidatos presidenciales orgánicos a los sectores de derecha, con Mauricio Macri y Sergio Massa a la cabeza, plantean ideas como la “autonomía” de las escuelas, (que supone una debilitación de la intervención estatal en términos nacionales) o fijar financiamiento jerarquizado en base a difusos sistemas externos de evaluación (siguiendo por ejemplo, los criterios de las afamadas pruebas PISA diseñadas por la OCDE), que hacen pie en criterios de mercado tales como la “productividad” educativa. A mejores resultados, mayor financiamiento recibido. Se sabe, ambas opciones llevan a la consolidación y profundización de las desigualdades existentes.

En este escenario y no exento de contradicciones profundas, el kirchnerismo aparece como el único espacio político capaz de asumir estos debates en adelante. La opción abierta es profundizar sus propios preceptos, avanzando en una formación que dispute fuertemente en el nivel del conocimiento, convirtiendo a la formación el conocimiento en una herramienta base para la construcción de un modelo de desarrollo autónomo y soberano, a contrapelo del propuesto históricamente en nuestro país por el bloque agroexportador.

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