Los jueces de la dictadura y los asuntos pendientes

Por Mariano Massaro.

untitled_15-13Los casos de Manlio Martínez, Pedro Hooft y Otilio Roque Romano definen por antonomasia la responsabilidad de muchos magistrados en esos años oscuros.

Durante mucho tiempo persistió en la sociedad argentina la idea de plantear que durante la última dictadura lo que hubo fue una guerra entre dos bandos, desechada esta visión por el propio peso de la historia y por la legislación, se afincó el criterio de la “dictadura militar”, es decir, todas las responsabilidades se anclaron sobre las Fuerzas Armadas; en la etapa actual, se va resquebrajando esta criterio, para dar paso a uno más integral y acorde con la verdad histórica, la “dictadura cívico-militar”.
El concepto de la dictadura cívico-militar empieza a poner en la superficie del debate público a quienes encarnaron la amplitud del término “cívico”; el colaboracionismo definitivamente estuvo encarnado por todos los civiles que respaldaron desde las instituciones, como los ejecutivos municipales, desde la cuestión cultural, y lamentablemente también, el Poder Judicial, quienes, a través de sus jueces y fiscales han ocupado un lugar preponderante, acarreando un altísimo grado de responsabilidad. Pese a las claras responsabilidades ejercidas por los magistrados, es recién en esta última etapa donde la justicia de la democracia ha comenzado a impartir justicia.

Tres casos contemporáneos definen por antonomasia las responsabilidades de muchos magistrados en los años oscuros de la Argentina.
Otilio Roque Irineo Romano, quien ejerció como fiscal federal de Mendoza durante de la dictadura, y en democracia integró la Cámara Federal de Mendoza. Romano fue denunciado junto con el ex camarista federal, Luis Miret en agosto de 2009 por un importante grupo de Derechos Humanos de Mendoza. Está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad ocurridos casi todos en la “D2”, el centro de detención que funcionaba en el Departamento de Policía de Mendoza. Según cuenta Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los DD HH, “Romano presenciaba declaraciones de detenidos que denunciaban torturas y que él no investigaba, por lo tanto, las torturas seguían ocurriendo; también tomaba como válidos interrogatorios obtenidos bajo tortura para aplicar la llamada ley antisubversiva”. El 25 de agosto 2011, el Consejo de la Magistratura lo suspendió, por unanimidad de sus 16 miembros, y aprobó la apertura del juicio político por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. El Consejo de la Magistratura le adjudicó haber tenido una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante” entre 1975 y 1983.
La Cámara Federal de Mendoza confirmó su procesamiento por 17 acusaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad, cuando se desempeñaba como fiscal provincial durante la última dictadura. Actualmente la causa la lleva el juez federal Walter Bento por los delitos de lesa humanidad y fue elevada a juicio oral y público. El 24 de agosto, un día antes de su destitución, se fugó a Chile, donde se le perdió el rastro. Allí pidió asilo político, según informó Interpol Argentina, y las autoridades chilenas le concedieron una visa por ocho meses. Pese a ello, el fiscal federal de Mendoza, Omar Palermo pidió la captura internacional de su colega prófugo. El caso del ex juez federal de Mendoza durante la dictadura, Luis Miret, quien también llegó a ser camarista federal de Mendoza, confirma que no se trató de participaciones aisladas, sino que, junto con muchos otros casos, se trató de un Poder Judicial cómplice de la dictadura. En el proceso de saneamiento del Poder Judicial todo, el camarista fue destituido en marzo de 2012, por el Consejo de la Magistratura, tras un jury de enjuiciamiento, donde se lo encontró culpable de delitos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad. Fue acusado por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Miret está procesado en Mendoza por 30 hechos asociados a crímenes de lesa humanidad, en la mayoría de los cuales no se le adjudica un participación directa. Por eso, pese a estar destituido no está preso.
Manlio Torcuato Martínez, ex juez federal de Tucumán durante de la dictadura, debió declarar ante un juez de la democracia, el Dr. Daniel Bejas. El pedido de instrucción se efectuó en la segunda parte de la causa “Romero Niklison”. Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materiales, o que dieron las órdenes para cometerlos. Entre 1975 y 1976, Manlio Martínez recibió más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: “todos” fueron rechazados o archivados. El mismo ex magistrado fue convocado en reiteradas oportunidades para tomar declaración testimonial a personas detenidas ilegalmente, haciendo la vista gorda respecto de dicha situación. De los testimonio rescatados por el fiscal Bejas, se pudo establecer que Martínez estuvo presente en los centros de detención clandestinos más importantes de Tucumán.
También existe una tríada que refuerza la idea de una urgente depuración y democratización del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires.
El caso del Dr. Guillermo Federico Nieva Woodgate, actual fiscal general de Morón, quien cajoneó los pedidos de habeas corpus cuando era fiscal de Cámara, entre otros de María Elena Peter de Fioritti, trabajadora judicial e integrante de la Comisión Directiva del gremio de judiciales (AJB) de y su esposo Armando Fioritti, quienes fueron secuestrados y desaparecidos precisamente mientras el juzgado en el que ella trabajaba estaba en turno. La conducta asumida por Woodgate fue sistemática, condenando a decenas de personas a la muerte, sin embargo, fue premiado con su ascenso como fiscal general.
El tema con el Dr. Julio Ernesto Casanello, actual camarista Civil del Quilmes, introduce una discusión aun más compleja, puesto que su persona encarna el concepto de responsable y colaboracionista civil por antonamasia. Casanello, homónimo del juez federal, fue designado como intendente de facto en Quilmes entre el ’79 y ’82 por el gobernador bonaerense de facto general Ibérico Saint-Jean. A lo largo de toda su carrera nunca rectificó su accionar, y continúa sosteniendo que desconocía la existencia de los centros clandestinos de detención Puesto Vasco y el Pozo de Quilmes. También existe una línea de vinculación con la fosa común que existió en el Cementerio de Ezpeleta, la cual fue revuelta con una topadora inmediatamente al retorno de la democracia.
Cierra la trilogía el doctor Pedro Federico Hooft, cómplice de la dictadura por acción u omisión, en la tan conocida Noche de la de las Corbatas, en la que desaparecen los abogados laboralistas marplatenses. Pese al cúmulo probatorio que pesaba contra él, el jury de destitución tuvo un final inadmisible, después de la temporal suspensión en sus tareas fue repuesto en su lugar, limpio de todo cargo.
El proceso de consolidación de nuestra democracia, impone la necesidad de pasar el tamiz al interior del Poder Judicial, para así, consolidar una justicia integrada por jueces de la democracia, aspirando a magistrados exentos de todo reproche ético, moral y más aun, penal. Esta Argentina 2015, ya no tolera jueces colaboracionistas, muy por el contrario, avanza hacia un Poder Judicial democrático, en el cual hasta la designación de los propios magistrados sea democratizado.

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